En octubre de 1517 Lutero hizo públicas sus 95 tesis en Wittenberg. En junio de 1520 el Papa Leon X le condena con la publicación de la bula Exsurge domine, y en enero de 1521 le excomulga con la bula Decet Romanum Pontificem, declarándole hereje y convirtiéndole en un proscrito religioso, social y político. Tan sólo siete años después del primero de estos acontecimientos, tenemos constancia documental de que en Canarias se comentaban las tesis de Lutero en las conversaciones entre los mercaderes extranjeros e individuos de sectores dominantes insulares que trataban con ellos. Alrededor del año 1524, según el testimonio a la Inquisición de doña Inés de Herrera, esposa del segundo Adelantado, el flamenco Hans Parfat había dicho que Lutero era muy buen cristiano, y que cuanto decía era verdad pues lo probaba con el Evangelio. Afirmaba además que no había Purgatorio, que las bulas no tenían ningún valor, que el Papa no había recibido poder alguno, sino sólo San Pedro, y que la Iglesia hacía mal uso de sus bienes, entre otras cosas.[1] Otro caso es el de Jácome de Monteverde, rico propietario y mercader alemán, natural de Colonia, establecido en La Palma en torno al año 1515. Entre 1524 y 1525 fue denunciado por varias personas en las visitas que los inquisidores hicieron a la isla. Uno de sus acusadores, el franciscano Diego de Mexía, declaró que oyó decir a Monteverde que Lutero era un gran hombre y muy sabio.[2]
Hans Parfat, que se había estado escondiendo, fue arrestado en 1526 en La Palma por orden de inquisidor Ximénez y llevado a Las Palmas, donde estaba el tribunal canario del Santo Oficio. Allí, acusado de protestantismo, fue penitenciado por el deán y enviado a la Inquisición de Sevilla. Estando aún en Las Palmas intentó averiguar quien pudo haber sido su denunciante y advertir a Monteverde de que el Santo Oficio le seguía también a él los pasos, buscando pruebas para arrestarle.[3] Monteverde escribe a los que probablemente eran agentes comerciales suyos en Amberes para que hicieran desaparecer las pruebas existentes, es decir los libros de Lutero que pudieran tener ellos o que habían en su propia casa. De poco sirvieron estos primeros intentos para eludir a la Inquisición, en marzo de 1527 es detenido Monteverde no sin presentar antes una dura resistencia. Los testigos que le acusan dicen que éste había rechazado el culto a los santos, las indulgencias, los días festivos ordenados por la Iglesia y la confesión al sacerdote. En esto último, Monteverde afirmaba que había que confesarse mentalmente a Dios y que Jesucristo no había mandado el sacramento de la confesión. Sobre Lutero decía que era un hombre sabio, más que todos los letrados que disputaban con él. Forzado a abjurar de sus errores, le arrebataron la décima parte de sus bienes y le obligaron a pasar un año recluido en un convento de Sevilla.[4]
De la circulación de literatura protestante extranjera alrededor de las islas Canarias en fechas tan tempranas hay evidencia documental. En el año 1529, el licenciado Francisco de Alzola, regidor de Tenerife y fiscal del Santo Oficio, dirige una carta al inquisidor Luis Padilla, en la que le comunica que tiene en su poder unos libros luteranos hallados en un navío encallado en la costa africana: «paresçe el uno traduçión de la Sagrada Escriptura y el otro sermones en su lengua».[5] Por otra carta del canónigo de la Catedral Bartolomé Carrillo, que también era fiscal del Santo Oficio, sabemos que ese navío formaba parte de una armada alemana que había estado antes en Tenerife y que, de allí, había partido hacia Berberia.[6]
Portada de la Biblia de Lutero. Algunos
ejemplares circulaban por Canarias en el siglo XVI.
¿Cuál fue la reacción de las gentes ante los protestantes extranjeros? Es un error creer que su actitud fue siempre negativa, la de rechazo y denuncia ante la Inquisición, pues también la hubo de amistad y solidaridad. Desde la primera mitad del siglo XVI encontramos a personas que ayudan a los protestantes cuando éstos son detenidos por la Inquisición. Así sucedió con el mencionado Monteverde (1527) que, entre los testigos a su favor, contó con el apoyo de figuras destacadas de los círculos exportadores (Pedro de Ponte, Fabían Viña Negrón, Melchor de Monteverde, Bartolomé Joven, Pedro de Alarcón) así como de un buen número de frailes. Este apoyo llegó a suponer en algunos casos un perjuicio propio importante para algunos canarios. Tal fue el caso de Jerónimo de Palomares, Teniente de Gobernador de la Palma, que ocultó bienes y escrituras de Monteverde obstaculizando la labor de confiscación de bienes por parte del Santo Oficio; o el de Enrique Fernández que se negó a detener a los criados de Monteverde en Santa Cruz de la Palma y cerrar y sellar su casa. Ambos fueron procesados por la Inquisición, acusados de cometer un delito contra el Santo Oficio.[7]
¿Qué fue lo que llevó a esas personas a dar la cara por protestantes y, en algunos casos, a correr riesgos importantes? ¿Fue pura amistad, fue interés material (por las relaciones económicas y comerciales mantenidas con ellos), o fue por simpatía hacía las creencias protestantes? De momento no estamos en condiciones de dar respuestas categóricas, estamos estudiando el asunto a través de las fuentes de que disponemos. Pero unos hechos sucedidos algunos años más tarde nos colocan en una senda investigadora interesante. Sabemos que el lagunero Pedro Soler y el santacrucero Mateo de Torres, participaron activamente en la fuga de varios ingleses presos en la cárcel de Santa Cruz de Tenerife en 1560,[8] y que poco años más tarde, los también tinerfeños, Pedro de Ponte, regidor de la isla y hombre rico y poderoso, y su sobrino Bartolomé de Ponte, salieron como fiadores de ingleses procesados: «Pedro de Ponte /…/ no permite que nadie diga mal de los ingleses ni los trate mal, y se ofende mucho quando alguien trata cosa alguna en ofensa de los ingleses».[9] En una ocasión Bartolomé de Ponte depositó en la Real Audiencia 6.000 ducados para obtener la libertad de John Lowell, al parecer agente de John Hawkins (el famoso corsario protestante).[10]
Pero lo verdaderamente interesante de esta información es que en el año 1569 Pedro Soler y Mateo de Torres fueron procesados por la Inquisición por el delito de «proposiciones». Años más tarde, en 1575, Bartolomé de Ponte también sería procesado por este mismo delito, llegando a ser encarcelado y condenado al pago de multas. Cuando hablemos de los primeros protestantes canarios entraremos en detalle sobre esta tipificación delictiva de la Inquisición. Baste decir ahora que así se denominaban a las expresiones verbales contrarias a las costumbres y doctrinas de la Iglesia Católica o a sus jerarquías y ministros. Con los datos que barajamos hasta este momento, podemos afirmar que el hecho comprobado de que algunos filoprotestantes hayan sido condenados por el delito de proposiciones les sitúa, cuando menos, en una actitud crítica con la Iglesia romana en el plano ideológico y doctrinal.
En 1575, la aproximación diplomática anglo española produce los acuerdos de Alba-Cobbham, por el que se dispuso que no se procediera contra los ingleses que no hubiesen cometido delitos contra la fe en tierra española. Esto crea por primera vez unas condiciones de relativa seguridad para los ingleses protestantes en suelo hispano. La aplicación de este acuerdo favoreció a protestantes extranjeros como Jofre Lopes, un mercader inglés residente en La Laguna cuya causa fue suspendida en 1581, a pesar de haber sido acusado de luterano y de tener contactos y ser protector de ingleses que venían a las islas como corsarios. Después de su muerte su viuda reclamó como suyas algunas de las mercancías secuestradas al navío holandés León Colorado, lo que dejaba patente su vinculación con el protestantismo.[11]
[1] A.M.C., III-142.
[2] A.M.C., XLII-6.
[3] A.M.C., CXXVII-9.
[4] A.M.C., XLII-6 y CLXXVII-106.
[5] A.M.C., LXXXVII-12.
[6] A. Cioranescu, Discípulos de Lutero en Canarias (1526-1529), En Anuario de Estudios Atlánticos nº 11, ULL, 1965, pp 154-155.
[7] A.M.C., CLXXVI-117.
[8] A.M.C., LXXX-12.
[9] Testificación de 1568 en A.M.C., Col. Bute, vol VIII, 1ª serie, fº 38.
[10] A.H.N., leg. 1824-1.
[11] A.M.C., CXI-22 y LXXIII-8.